En tribunales, esta semana ha sido noticia la absolución por parte de la Audiencia Nacional de Sandro Rosell. El que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona ha pasado casi dos años en la cárcel…643 días…en prisión preventiva. Ha sido absuelto él y los otros cinco acusados. La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se han podido acreditar las acusaciones y, por tanto, ante las dudas sembradas, debe primar el principio de in dubio pro reo (en caso duda se falla a favor del acusado).
Esta absolución ha abierto de nuevo el debate sobre el uso de la prisión preventiva. Se trata de una medida cautelar fijada por el juez que instruye la causa pero lo cierto es que algunos magistrados son más proclives a su uso que otros. En este caso concreto, estamos hablando de 643 días en prisión alegando que existe riesgo de fuga…ahora está en la calle absuelto. Parece “poco justo”, ya que se trata de una medida restrictiva de libertad, existiendo otras figuras que pueden ser aplicadas en estos casos. Aunque es verdad que en los últimos años, en delitos relacionados con penal-económico se está utilizando bastante.
Se trata de una medida que debería aplicarse única y exclusivamente en condiciones excepcionales, si el delito o la pena que se solicita es superior a 3 años (2 años en alguno de ellos y 3 en el resto), que exista riesgo de fuga o riesgo de destrucción de pruebas.
En una real orden del 20 de Mayo de 1916, ya se decía que el juez de instrucción únicamente aplicara esta medida en el caso que sea totalmente imprescindible, cosa que actualmente no ocurre..
La prisión preventiva puede durar hasta 2 años, que son prorrogables por otros dos si el juzgado de instrucción indica que existen todavía esas cuestiones y tenga que continuar con la instrucción.
Los abogados defensores, en ocasiones han tildado de “abusiva y desproporcionada” la medida de privar de libertad a su cliente y han dicho que su figura debe replantearse porque existen otras medidas menos gravosas con las que se puede conseguir el mismo resultado.
Existen actualmente otras medidas menos gravosas para el acusado, como pueden ser, firmar cada cierto tiempo en el juzgado, retirada de pasaportes, utilización de pulseras localizadoras (medidas telemáticas),…
Los acusados que han pasado por la prisión preventiva y finalmente salen absueltos, tiene derecho a pedir una indemnización, pero pocos son los que son fructíferos.
Principalmente por la complejidad procesal que conlleva dicha petición. En ocasiones, no se sabe con exactitud donde presentarla (Ministerio, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional) y por lo tanto existe el riesgo de “perder el turno” y agotarse el tiempo sin acudir a la vía correspondiente.
Si bien la constitución en uno de sus artículos dice: “Cualquier persona que haya sufrido un error judicial tiene derecho a ser recompensado”, hay que indicar también que existe una Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que todavía no se ha reformado que dice: ” La única manera de tener algún tipo de indemnización es que quede acreditado que el hecho, supuestamente delictivo, que produjo esta situación no ha existido”
Esta ley se está revisando en el Tribunal Constitucional para ver si es modificada.
Estamos hablando de compensación económica pero la restitución de la imagen pública también es importante. Se trata de una cuestión debatida desde hace muchos años. Un autor de hace tres siglos, Beccaria, escribió un libro llamado “Del delito y las penas” que ha sido considerado una de las piedras angulares del derecho en occidente, indico: “Cualquier persona no puede ser considerada rea hasta que no hay una sentencia de un juzgado y la sociedad no le haya privado de la seguridad que está obligada a darle”
Finalmente indicar que la prisión preventiva debería ser aplicada única y exclusivamente en condiciones excepcionales, ya que se trata de una medida que acarrea una seria de consecuencias que pueden quedar por encima del resultado final.
Puedes escuchar la intervención y el programa completo Más que Palabras en Radio Euskadi.
