Llevamos cinco años esperando a la renovación de Consejo General del Poder Judicial. Un bloqueo que se mantiene, toda vez que el Partido Socialista y el Partido Popular siguen sin llegar a un acuerdo.
Entre tanto, se han producido ya 85 vacantes en la cúpula judicial y la Unión Europea acumula recaditos para que Gobierno y oposición acerquen posturas. El mismo Tribunal Supremo tiene la friolera de 23 plazas vacantes pendientes de cubrir.
Así las cosas, 16 magistrados siguen en sus cargos cinco años después de que caducase su mandato.
¿Es una situación anómala? ¿Hasta qué punto?
Es una situación que se ha dado siempre, cada vez que hubo que abordar la renovación. Lo que pasa es que nunca había durado tanto tiempo y nunca nos habíamos centrado tanto en ese retraso.
En el año 2006 hubo otra parálisis que duró 22 meses. Tiempo mucho más corto que el actual pero también demasiado largo para lo que debería.
Al ciudadano medio, ¿en qué le afecta que el Consejo General del Poder Judicial en el día a día?
Aunque parezca algo lejano, porque no de ser una especie de órgano de gobierno de los jueces, como tiene la potestad de seleccionar a los Magistrados, Presidentes de Sala, Presidentes de las Audiencias Provinciales, etc.; esa falta de nombramiento implica que no hay nadie al mando.
Por ejemplo, en el Supremo se determina cual es el criterio que van a seguir el resto de Audiencias; como, por ejemplo, se hizo en su día con la normalización de la custodia compartida o con las cláusulas suelo.
Mientras no haya nombramientos, no se van a poder marcar líneas jurisprudenciales claras; que son las que afectan al ciudadano.
¿Donde está el escollo que impide la renovación?
Es necesaria una mayoría muy cualificada de 3/5 que es lo que fuerza al partido del Gobierno a pactar con el principal partido de la oposición; porque si no no se alcanza.
Ahora hay una situación de total crispación política que impide llegar a acuerdos; y, por otro lado, desde la renovación o las sucesivas renovaciones que se han ido haciendo por parte de los jueces se ha ido buscando atraer a las personas más afines.
Los juristas de reconocido prestigio, que son ocho de los veinte miembros que conforman el CGPJ, siempre han sido elegidos por las Cortes Generales. Pero el meollo está en la elección que hacen los magistrados.
¿Son veinte en total?
Son veintiuno; el que falta es quien ejerce de Presidente que es, además, Presidente del Tribunal Supremo. Este viene ya elegido.
Ocho son juristas de reconocido prestigio: abogados, profesores universitarios, etc.; elegidos por las Cortes Generales: cuatro el Congreso y otros cuatro el Senado. Y los otros doce son Magistrados; de los cuáles seis los elige el Congreso y otros seis los elige el Senado.
La cuestión es que si vamos un poco a los orígenes, en el año 80, los doce miembros Magistrados o Jueces eran elegidos por los propios Jueces.
En el año 85, la primera reforma implica que los proponen las Cortes y elige el Gobierno; es decir, ya pasamos a un ámbito intervencionista por parte del Legislativo.
En el 2001, se maquilla la situación para que la propuesta de los miembros parta de la Asociaciones Judiciales y la elección sea de las Cortes. Y, desde el 2013, se hace a propuesta, bien de 25 Magistrados, bien de alguna Asociación; pero la elección de los doce miembros se reparte: seis los elige el Congreso y otros seis los elige el Senado.
Hay una cierta interferencia del ámbito político a la hora de seleccionar (o impulsar o eliminar) las propuestas que les sean más interesantes.
Podemos hacer un resumen diciendo que este CGPJ se “heredó” de la legislatura anterior del Partido Popular.
¿Esas situaciones se produjeron igual independientemente del partido que estuviera en el poder?
Sí se puede decir que esto parte de la anterior legislatura. Son cinco años sin renovar. Tanto en un sentido como en el otro. Los miembros que eligieron en su momento Congreso y Senado siguen siendo los miembros del Consejo.
El actual equipo de Gobierno no ha podido decidir ningún miembro.
Siempre que se da este tipo de parálisis, que no la hay en términos absolutos pero sí con lo que se ido haciendo con las nuevas normativas; implica que no se pueden elegir cargos, si fallece o se jubila uno de los miembros no se puede sustituir por otro. Por eso, en este momento no hay veinte, sino dieciocho.
El año pasado se hizo una norma por la cual sólo se les permitía elegir a miembros del Tribunal Constitucional pero no del Supremo. ¿Por qué? Porque había interés en dar salida a los miembros del Tribunal Constitucional. El propio Partido Socialista ha colocado en el Tribunal Constitucional a quien había sido inmediatamente antes Ministro de Justicia.
No estoy hablando de “puertas giratorias” porque para ser miembro del Tribunal Constitucional hay que valer; pero en casos como este se nota ese enfrentamiento entre ambos Poderes.
¿Cómo funciona el CGPJ? ¿Qué hace?
Lo principal es el nombramiento de Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, del Constitucional, de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; además del resto de jueces y fiscales. El interés está en este punto.
Además de esto, realizan funciones de formación judicial, inspección de Juzgados y Tribunales y régimen disciplinario. La publicación de sentencias, la función consultiva, los planes de mejora de calidad de la Justicia o las relaciones internacionales con otros Órganos.
Es un Órgano de Gobierno de Jueces y para Jueces.
Se supone que son, además, quienes tienen que salvaguardar la independencia y la autonomí del Poder Judicial.
Por las noticias que venimos escuchando, esto de la independencia y la autonomía puede ponerse seriamente en duda; porque vemos como los intereses cruzados de los políticos determinan el sentido en que se mueven estos órganos de dirección.
¿Qué solución propone la UE para intentar un desbloqueo?
La Unión Europea propuso cosas pero ahora ya mete prisa por encontrar un acuerdo. Los avisos son claros, como en Polonia, se recoge una intervención del Poder Legislativo y del Ejecutivo totalmente desproporcionada si se compara con lo que se hace en el resto de los países.
La propuesta es que los propios jueces, de alguna manera tengan una intervención más directa en la elección; porque se supone que eso dotaría al Órgano de una mayor independencia y una mayor autonomía.
Pero la Ley está como está: la última palabra la tienen las Cortes.
Se ha intentado llegar a acuerdos. Se puede llegar a los acuerdos porque existen dos posiciones. Una es renovemos y luego vemos cómo podemos cambiar esa Ley. La otra es cambiemos la Ley y dejemos que actúe.
Además de Polonia, la UE ha criticado la situación de Hungría. ¿Son casos comparables a los de España?
No son comparables. Polonia es un caso más parecido al español por esa intervención; pero Hungría tiene un sistema muy distinto y puede que incompatible con las normativas de la Unión. A los Magistrados y Jueces de Hungría no se les está permitiendo la solicitud de cuestiones prejudiciales; es decir, preguntar al TJUE cómo resolver un caso cuando existe alguna duda sobre su encaje en la normativa comunitaria.
No se permite porque muchas veces habría una discrepancia enorme entre lo que se dice en la leyes húngaras y lo que se aplica en el resto de la Unión.
También existen muchos problemas para la revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional.
El actual Presidente interino, ha hecho una propuesta para desbloquear la situación. ¿La ves con capacidad para salir adelante?
Es una propuesta en la que los miembros actuales se desmarcan de la situación. Hay que tener en cuenta que, aunque muchas veces se les responsabilice, ellos no tienen esa potestad. No son ellos los que tienen que seleccionar a quienes les sustituyan.
Además, desde un punto de vista legal, no pueden dimitir. No se ha recogido legalmente esa posibilidad.
Se plantea que se les vayan reduciendo determinadas funciones, como se viene haciendo ya, para que al final esa parálisis sea la que implique la exigencia de una negociación.
Es el mismo Presidente interino que ha afeado los recientes y continuos intentos de deslegitimación del Poder Judicial. A la parálisis del Consejo se suma también el malestar en la judicatura porque se sienten “intervenidos” por el Ejecutivo. Eso que se llama “Lawfare”: utilizar la Justicia para hacer política.
Es una de las palabras del año 2023.
Es un término molesto. Al Poder Judicial le molesta y mucho; porque se está hablando de una judicialización de la vida política. Utilizar elementos jurídicos para atacar, menoscabar, eliminar al adversario político.
Pero aquí de lo que se habla es de lo contrario. De una politización de la Justicia a través de los nombramiento que se hacen o no se hacen en los Órganos Judiciales, a los cuáles llegan personas con un pasado evidente y señalado con algunos partidos políticos; y, sobre todo, porque en los últimos días se les ha puesto en el punto de mira.
Ha habido intervenciones en prensa o, incluso, en el Senado dando nombres y apellidos de jueces. Una serie de situaciones que son inéditas. Nunca se habían dado hasta ahora.
Todo esto cala en el público. Nos hace pensar que las cosas no funcionan, que estamos en un momento complicado, que no es bueno para la democracia.
Y lo peor, no parece que vaya a solucionarse.
El hecho general no; pero, en el caso que se comenta de las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, sí tendría solución.
En el año 2020 hay un cambio en la norma y se limitan las funciones del CGPJ y no se le permite la renovación de las plazas del TS; pero sí permite la renovación del Constitucional. Se podría ir por lo mismo, pero en este momento no interesa a quien tiene que decidir hacerlo así.
Quien tiene que decidirlo ve que va a ser difícil hacer esa renovación y colocar ahí a las personas que interesan.
Cuando se mencionan a las personas que se pueden proponer, siempre son nombres que vienen del mundo de la política. Son personas que han tenido cargos políticos y eso es algo que caus mucho recelo dentro de la Magistratura.
Si a esto sumamos que desde Europa se presiona para que los propios jueces puedan tener un mayor peso en la elección de su Consejo; pues estamos ante una situación muy difícil de acercar. Todos tienen las de ganar si no se mueven.
¿Conoces alguna situación similar en algún otro país?
No se ha dado, precisamente, porque los Órganos que pueden ser análogos en la Unión pueden mantener, como aquí, el nombramiento de juristas nombrados por el Ejecutivo; aunque, en general, dejan en Jueces y Magistrados la elección de los miembros de los Órganos que los representen.
Estoy pensando en el que puede ser la referencia de todos ellos, que es el italiano. Lo mismo pasa en Portugal; que es una copia del sistema italiano. Hay sistemas como el francés que ⅔ partes del Consejo son elegidas por los Jueces y ⅓ por el Gobierno; pero no entre magistrados sino juristas de reconocido prestigio.
Salvo el caso polaco que viene de una situación muy reciente de 2020; el resto de los países de nuestro entorno no son tan intervencionistas.
