Una de las consecuencias indeseables de la pandemia ha sido la saturación de los juzgados. Se han retrasado un montón de procedimientos y juicios y ha habido problemas en esta segunda ola de la COVID que no han hecho sino acrecentarse después de que el Estado de Alarma obligara a paralizar centenares de asuntos que se acumulan desde entonces en los juzgados.
Con la desescalada, la actividad judicial se fue reanudando poco a poco, pero las nuevas normas de seguridad han ralentizado la administración de la justicia por la reducción de aforos y la desinfección obligada entre asunto y asunto.
Esta situación se consiguió aliviar con la asignación de juicios por las tardes contemplada en el marco legal del Estado de Alarma; pero dejó de tener efecto el pasado 21 de septiembre. Esto está llevando a un nuevo atasco de vistas.
La judicatura se muestra indignada ante la imposibilidad de celebrar juicios por las tardes debido a la falta de funcionarios cuyo horario es matinal.
El objetivo de esta medida era, además de desatascar los procedimientos, el evitar concentraciones de gente con el consiguiente riesgo de contagio.
Así abrimos nuestro espacio Inocente o Culpable con Kenari Orbe
Roberto: ¿Cuál es la situación ahora mismo en los juzgados vascos?
Kenari: Seguimos con el atasco porque nunca hemos salido de él. En su momento sí se dictaron una serie de medidas: los juicios por la tarde, habilitar fechas en el mes de agosto; pero, realmente, estas medidas no han servido de mucho.
Roberto: Hoy hemos recibido una nota del CPJ anunciando la creación de una nueva unidad en el País Vasco para paliar el atasco producido por la pandemia: el nuevo Juzgado de lo Mercantil con el número 3 en Bilbao. ¿Será suficiente?
Kenari: Pues va a ser insuficiente porque se ciñe al Derecho Mercantil. Hay que tener en cuenta que de Mercantil hay diferentes juzgados en el País Vasco y estaban funcionando bien.
Sí es cierto que con las medidas que se estaban adoptando tras la finalización del estado de alarma muchos procedimientos de Concurso de Acreedores se han ido retrasando para primeros del año que viene. El próximo año, se prevé mucha actividad.
Pero iban manteniendo muy bien el tipo.
Roberto: Esta medida tiene un plan de actuación más amplio… con otras unidades previstas y un plazo de 3 años; pero con la idea de que alguna de ellas entre en funcionamiento antes del final de 2020. También se habla de optimizar los recursos materiales y humanos disponibles. ¿Cómo interpretas esa última cuestión?
Kenari: Todavía está por ver. Las medidas son de finales de septiembre y hablan de juicios telemáticos, de una dotación económica para comprar portátiles; de cosas tan mínimas que a la gente le choca, como la dispensa a los abogados a tener que llevar toga.
Pero el tema de los funcionarios es complicado. Porque en su momento sí se les dio la posibilidad de acudir a trabajar por las tardes en vez de por las mañanas; pero no están obligados a ello porque sería una modificación sustancial de sus contratos de trabajo.
Habrá que tener en cuenta el carácter voluntario, si se les motiva de alguna manera para el mismo o si habrá nuevos funcionarios o trabajadores eventuales que puedan cubrir esos puestos por las tardes.
Roberto: Pongamos que hablo de Madrid… como dice la canción. Pedro Sánchez decreta el Estado de Alarma en la Comunidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbase las medidas traspuestas por la Consejería de Sanidad según lo ordenado por el Ministerio de Sanidad el día anterior… ¿Qué es este estado de alarma?
Kenari: Un Estado de Alarma es la repuesta a una situación que se presupone excepcional. Viene recogido en la Constitución y una Ley Orgánica del año 81. Como no había hecho falta, pues no se ha tocado desde entonces.
En él se recogen varios supuestos: catástrofes, terremotos, crisis sanitarias… Permite construir un marco legal en el que tomar las medidas necesarias para revertir esa situación de catástrofe… para volver a la situación que antes era normal en el menor tiempo posible.
También se marca ahí la duración máxima de 15 días que puede ser prorrogada, únicamente, por el Congreso de los Diputados; y establece el ámbito: a nivel nacional o en zonas concretas como en este caso en Madrid.
Roberto: Pues es este fallo del Alto Tribunal madrileño lo que ha motivado que el Lehendakari haya solicitado un informe jurídico para saber el margen legal con el que cuenta para tomar medidas y no pillarse los dedos. ¿Podemos hablar de una situación de inseguridad jurídica?
Kenari: Totalmente. La inseguridad deviene de que en el momento que el Tribunal Superior de Madrid tumba una orden de su Consejería de Sanidad, el Gobierno de España toma la decisión de emplear el mecanismo que le permite imponer su condición; que no es una Orden Ministerial sino que es un Real Decreto.
El resto de las Comunidades vemos que el Gobierno de Madrid siempre va a tener esa posibilidad.
Roberto: Y cambiando de tema… La Ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba una reforma de la Ley del Aborto que permitirá a las adolescentes de 16 y 17 años embarazadas decidir sobre la continuidad de su embarazo dentro de los plazos sin necesidad del consentimiento de sus progenitores. En 2015, el Gobierno de Rajoy incluyó la cláusula de consentimiento parental que ahora se quiere eliminar. De momento sin plazo para llevarla al Consejo de Ministros ni ante las Cortes, pero queremos saber tu opinión. ¿Sería jurídicamente posible que las adolescentes embarazadas pudieran interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres?
Kenari: Sí. Sería posible porque además desde la Ley de Reforma del 2010 (hay que tener en cuenta que la Ley que regula la despenalización del aborto es de 1985); no se recogía la necesidad de este permiso de los padres desde los 16 años en adelante.
Roberto: Y, de aprobarse esta cláusula, ¿entraría en colisión con la Ley de Protección del Menor?
Kenari: No. Sí es cierto que esta Ley del Menor de 1996 recoge una serie de supuestos dependiendo de la edad: desde los 14 a los 16 y de los 16 a los 18.
Roberto: Nos llega un comentario sobre que los jueces: “Puede haber dos jueces de cada cien que quieran ir a currar a la tarde; si entrasen a las 7 y media como funcionarios y no a las 10 como hace la mayoría, otra cosa sería. Y de colapso en los juzgados… nada de nada”. ¿Cómo lo ves?
Kenari: Más que el problema de jueces, las quejas van por la imposibilidad de celebrar juicios por la tarde. En mi experiencia particular con otros compañeros, teníamos previstos juicios por las tardes pero que la semana anterior llamásemos para que nos confirmaran si esos juicios se iban a celebrar o no. Algunos se han celebrado; pero otros no por falta de personal. Las horas de la tarde son lo de siempre: unas citas a las 4 de la tarde y otras a las 7. No sé si tiene que ver con el horario de entrada de su señoría a la tarde o no. Pero sí es cierto que los funcionarios tienen un horario de trabajo concreto en su contrato y modificarlo es voluntario. Muchos lo han hecho en verano, pero no se puede imponer eso como obligación.
