El pacto entre el Partido Socialista y Junts que garantizaron los votos para la investidura de Pedro Sánchez incluye el acuerdo para elaborar una Ley de Amnistía para los implicados en el Procès.
El documento recoge en ese apartado sobre la Ley de Amnistía el término “Lawfare” para referirse a una posible judicialización de la política que podría que podría investigarse en las Comisiones de Investigación que den continuidad al pacto en el Parlamento.
Es un término que no es nuevo pero que aquí no se ha empleado nunca. Es una creación de 2000, más o menos; procede de Latinoamérica y no es que se utilice mucho. Más para calificar ciertas actuaciones judiciales. Pero nadie se lo autoadjudica.
Procede del término “warfare” y siguiendo el juego de palabras se cambia “war” por “law” y lo que viene a significar es una utilización abusiva, siempre tras una apariencia de legalidad, de la ley por parte de una autoridad, para atacar a una persona o a un grupo específico de personas.
Uno de los primeros usos que se recuerdan es por parte de EEUU porque se sentía “atacado” por el Tribunal Penal Internacional.
Las asociaciones de jueces, respecto a este “lawfare”, se han manifestado en contra de ese término sin excepción. ¿Cuáles son sus razones?
Pues es difícil que todas las asociaciones se pongan de acuerdo en algo; pero es que en este caso se sienten señalados.
Entienden que, al utilizar ese término, se les está acusando de haber actuado en contra de un colectivo.
Por otro lado, que han sido utilizados: Una especie de marionetas para poner en práctica los intereses de una tercera persona.
Por último, que haya la capacidad de rearbitrar; si las Comisiones resuelven sobre cuestiones que el Poder Judicial ya ha resuelto, tienen miedo de pagar los platos rotos. Cuando haya algo que no entre dentro de lo políticamente deseado, siempre se podrá decir que esa resolución judicial está viciada.
¿Injerencia dentro de la separación de poderes?
Se ha oído decir a representantes de uno de los partidos que es una posibilidad del acuerdo. Pero, al mismo tiempo, es una obligación. Es una posibilidad la de convocar Comisiones pero tampoco se dice que no se tengan por qué convocar.
No deja de ser una instancia que pueda resolver a medida de la conciencia o del interés político del momento. Esto podría poner en riesgo esa separación de poderes.
Se avecina una legislatura complicada. ¿Dónde colocarías las posibles complicaciones legales sobre los puntos del pacto que hemos conocido hasta ahora?
Hay unas cuantas; pero dependiendo de cómo se vaya a desarrollar ese pacto. Es un documento muy breve y poco claro. Todo lo que allí se dice está sujeto a muchas posibles interpretaciones.
Se parte de estar de acuerdo en los desacuerdos. Un partido político que firma el documento reconoce la legitimidad del referéndum de 2017, la validez de los resultados del mismo y la consiguiente Declaración de Independencia y el otro lo niega rotundamente.
Como comienzo de una acuerdo no deja de ser algo curioso.
Entre las cuestiones más difíciles de encajar legalmente, el primero es el mecanismo internacional para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Habrá que ver qué encaje tiene eso en el Parlamento; que tiene que admitir, sin ningún tipo de discusión, lo que ese mecanismo internacional sin definir vaya a determinar.
Sobre la cuestión de la gestión de los impuestos parece que ha habido, también, una doble interpretación; por un lado de una gestión del 100% de los impuestos y por el otro una simple revisión del modelo actual de financiación.
La Ley de Amnistía de la que se supone que, en todos los procesos judiciales que estén relacionados, las personas implicadas podrán beneficiarse; pero nada dice, y ese es uno de sus grandes peligros del término “lawfare” que comentamos, de las situaciones que no estén directamente relacionadas pero puedan buscarse una situación de rearbitraje.
Estoy refiriéndome al “pitufeo” que permite la adjudicación directa y sin control de contratos públicos, la malversación o el blanqueo de capitales; a ver cómo se encajan esos delitos y si se pueden amnistiar.
